Defensoría espera acuerdo en diálogo sobre legislación que genera temor entre periodistas

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Alonso Mejía. La Defensoría de los Habitantes anuncio hoy que esperará la efectividad en el diálogo que iniciaron periodistas y autoridades de Gobierno para alcanzar un acuerdo que posibilite una reforma a la legislación sobre delitos informáticos, antes de proceder con cualquier acción en la vía constitucional como lo ha solicitado a esa entidad el Instituto de Prensa y Libertad de Expresion, Iplex.

La Defensoría considera que tanto el texto de la norma penal anterior como la que entraría en vigencia, poseen una evidente relación con el derecho constitucional de acceso a la información pública, que posibilita el ejercicio de derechos y principios constitucionales como la libertad de expresión, participación, rendición de cuentas y eficacia del principio democrático.

Según la entidad, las normas que se solicitan estudiar e impugnar buscan reprimir el indebido uso de información pública como la seguridad nacional, relaciones exteriores y combate de la delincuencia organizada, y que representan "supuestos que pondrían en riesgo valores superiores que merecen una protección en su acceso por un margen razonable de tiempo".

No obstante, considera que debe buscarse la forma de armonizar la norma represiva con otros instrumentos del ordenamiento jurídico costarricense que han venido a impulsar la transparencia del Estado.

Lo anterior, sostiene la Defensoría, "tomando en cuenta que desde la emisión del Código Penal se introdujo el concepto de informaciones secretas políticas, mismo que presenta el problema de no estar definido en la legislación actual generando una incerteza en cuanto a su contenido y no encontrarse acorde con las nuevas tendencias de transparencia ya aludidas".

La reciente reforma efectuada al artículo por parte de la Asamblea Legislativa, más que innovar en la creación de un nuevo tipo penal, expone las incongruencias existentes entre varias normas de naturaleza penal vigentes en el país, con los actuales valores y principios que rigen el Estado costarricense, dice la Defensoría.

Para la entidad, la movilización de diversos sectores de la sociedad a raíz de la emisión de esta ley ha derivado en un llamado al dialogo tanto por parte de las autoridades legislativas como de la Casa Presidencial.

La apertura del diálogo es visto por la Defensoría como una decisión "valiosa" por parte de las autoridades estatales. Por lo tanto, aguardará los resultados que genere dicho diálogo con el fin de determinar posibles medidas a tomar. El Periódicocr