La demanda la interpuso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el viernes pasado, pero fue este lunes cuando se notificó al gobierno. Costa Rica tenía hasta el 31 de julio anterior para aprobar el proyecto de ley de Fecundación In vitro y Transferencia Embrionaria, el cual se encuentra estancado en la Asamblea Legislativa, como resultado de la presión de varios sectores conservadores y la Iglesia Católica.
Alejandra Negrete, responsable de comunicación de ese organismo, expresó que el documento de la demanda fue recibido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que después de las tres prórrogas, el Gobierno no cumplió con las recomiendaciones de ese organismo internacional.
En el 2001 diez parejas habían denunciado al Estado costarricense ante la CIDH después que en el 2,000 la Sala Constitucional votara en su contra una resolución que les impedía realizar el procedimiento en el país.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos había emplazado al Gobierno de Costa Rica a legislar para que las parejas que no pueden concebir de forma natural lo pudieran hacer a través de la técnica de Fecundación in vitro y que el fallo de los Magistrados fue una clara violación a los derechos humanos fundamentales.
En la actualidad, un médico que practique esta técnica en el elpaís, puede ser acusado penalmente porque la Sala Constitucional falló que los embriones fertilizados, aun antes de ser implantados, deben ser considerados personas y no pueden ser desechados. La técnica in vitro requiere fertilizar muchos óvulos para luego seleccionar el embrión considerado más viable y congelar, donar o desechar el resto.
El expediente fue catalogado como Caso Nº. 12,361, Grettel Artavia Murillo y otros (“Fecundación in Vitro”) respecto del Estado de Costa Rica, de conformidad con los artículos 51.1 de la Conveción y 45 de la Comisión Internamericana”.
La Defensoría de los Habitantes había pedido al ejecutivo y legislativo agilizar el proceso, pues no aprobarse un buen proyecto de ley en esta materia, el país no sólo se expondría a un desprestigio a nivel internacional por ser elevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también habría un prejuicio económico ante un eventual fallo que derive pago de costas económicas a los afectados.
