Opinión
Por B. Archer Moore.
No necesitamos más leyes, ni dejar de ser costarricenses. Basta con exigir el cumplimiento de las leyes, reglamentos y decretos vigentes: El Juzgado Contencioso Administrativo ya ordenó el cumplimiento del Decreto sobre tenencia de tierra y su inseguridad jurídica en Provincia de Limón.
En resolución del 20 de Julio del 2012, el Tribunal Contencioso Administrativo declara con lugar la demanda por incumplimiento del Estado con el Decreto No. 35584-MINAET del 7 de Octubre del 2009. (Expediente 12-003620-t027-C).
La demanda fue preparada por el Comité de Lucha por los derechos de los costeros del Caribe Sur, integrado por las Asociaciones de Desarrollo Comunal, Cámara de Turismo del Caribe Sur y la Municipalidad del Cantón y presentada por esta última en representación de los vecinos del Cantón.
Como resultado de esa gestión legal, tanto la MINAET como demás instituciones del Estado involucradas, tendrán que responder ante el Tribunal Contencioso por el incumplimiento de citado Decreto Ejecutivo.
Este Decreto 35584 ya no será una cosa de "nobles intenciones pero no viable e insuficiente" tal y como lo calificó la viceministra del Ambiente, Ana Lorena Guevara, quien además de esta opinión, será muy recordada por su participación en la destrucción de los humedades en la construcción de la trocha fronteriza.
Este Decreto obliga a Instituciones del Estado como: MINAET, JAPDEVA, IDA, ICT, etc, a integrar una Comisión permanente con la responsabilidad de encontrarle solución a la inseguridad jurídica de las tierras en la Zona Atlántica, por las distintas restricciones que pesan sobre el uso y usufructo de las mismas.
Además de hacer una descripción detallada del problema, el decreto ordena que esta Comisión no sea desintegrada hasta tanto, no haber encontrado una solución definitiva al problema.
Como se ha dicho en repetidas ocasiones, los problemas de la Provincia de Limón, no son por falta de Leyes, sino el incumplimiento de las existentes.
Lo que los Limonenses tenemos que aprender es a reclamar nuestros derechos, antes los Juzgados correspondientes y exigirle que los funcionarios públicos nos respeten y cumplan con sus obligaciones.
Con unas cuantas demandas más, las cosas comenzaran a cambiar. Esto es algo que las organizaciones Comunales y Sociales tendrán que entender.
Cuando los funcionarios Públicos se olvidan de sus condiciones de servidores públicos, y se comportan como Ejecutivos de sus propias empresas, es cuando hay que recurrir a los Tribunales para reclamar nuestro agravio. Recordándoles con ello, a quienes están llamados a servir.
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